Cuando pensamos en violencia, nuestra mente puede ir desde guerras abiertas hasta altos niveles de criminalidad en las calles. Pero si atendemos a los datos estadísticos de homicidios por cada 100.000 habitantes —uno de los indicadores más usados para medir la violencia generalizada— hay un país que se lleva, tristemente, el primer puesto: El Salvador… o al menos, lo era hasta hace muy poco.
Según informes del Observatorio de Homicidios del Igarapé Institute y datos del Banco Mundial, durante años El Salvador encabezó la lista de países más violentos del mundo, con tasas que llegaron a superar los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en algunos periodos de la última década. Para ponerlo en perspectiva, la tasa promedio mundial ronda los 6.
Sin embargo, como veremos, esta historia está cambiando rápidamente.
¿Qué ha llevado a El Salvador a estos niveles de violencia?
El Salvador es un pequeño país centroamericano, con una población de algo más de 6 millones de habitantes y una extensión geográfica similar a la de la provincia de Cáceres, en España. A pesar de su tamaño, ha vivido una historia turbulenta.
Durante los años 80, el país sufrió una cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos. La posguerra, lejos de traer estabilidad, dejó un vacío institucional y social que fue rápidamente ocupado por las pandillas criminales, conocidas como maras, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Estas organizaciones, que nacieron entre comunidades de migrantes salvadoreños en Los Ángeles y luego se expandieron a Centroamérica, implantaron un sistema de extorsión, control territorial, violencia indiscriminada y enfrentamientos armados que convirtieron a muchas zonas urbanas en auténticos campos de batalla.
La economía del miedo
La presencia de las pandillas tuvo consecuencias devastadoras para la economía del país. Comercios que se negaban a pagar la "renta" (extorsión) eran quemados o atacados. La gente abandonaba barrios enteros por miedo. Muchas familias se vieron obligadas a migrar —legal o ilegalmente— hacia Estados Unidos, generando una fuerte diáspora salvadoreña, que hoy supera los 2 millones en el exterior.
El país vivía atrapado en una espiral de pobreza, desempleo juvenil, desconfianza institucional y miedo cotidiano. Las autoridades, a menudo desbordadas o corrompidas, eran incapaces de garantizar seguridad básica en buena parte del territorio.
¿Un giro inesperado?
En 2019, fue elegido presidente Nayib Bukele, un joven político que prometía una ruptura total con los partidos tradicionales y mano dura contra las pandillas. Lo que siguió fue una política extremadamente polémica pero efectiva: el régimen de excepción.
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo esta medida que permite detenciones sin orden judicial, restricciones a la libertad de expresión y un endurecimiento radical de la seguridad. En este contexto, más de 75.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, y la violencia ha caído drásticamente.
Según cifras del propio gobierno y organizaciones internacionales, la tasa de homicidios ha bajado a menos de 8 por cada 100.000 habitantes en 2023, una caída sin precedentes. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado sobre abusos de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas en este proceso.
Una anécdota inquietante: el "control" de las cárceles
En 2015, una investigación periodística reveló que las maras controlaban las cárceles desde dentro, dirigiendo operaciones criminales por teléfono celular, ordenando asesinatos y organizando extorsiones desde los penales. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se descubrió que en algunas prisiones los reclusos —miembros de distintas pandillas— negociaban treguas con el gobierno, a cambio de reducir los homicidios en las calles.
Estas treguas fueron secretas y, al ser expuestas, causaron una crisis política. Pero muestran hasta qué punto el poder del crimen organizado llegó a sustituir al del Estado en algunas zonas.
Más allá de El Salvador: ¿y los demás?
Aunque El Salvador ha sido emblemático, no está solo. Otros países como Honduras, Venezuela y Jamaica también han registrado altísimas tasas de homicidios. En algunos años, incluso Sudáfrica o Brasil han encabezado listas por volumen total de homicidios, aunque no tanto en proporción a su población.
La violencia, en estos casos, suele estar asociada a una combinación peligrosa de desigualdad social, corrupción, narcotráfico, falta de oportunidades y sistemas judiciales débiles.
¿Qué nos enseña esta historia?
Que la violencia no nace de la nada. Es resultado de condiciones estructurales, de conflictos no resueltos, de pobreza enquistada, de abandono institucional. Pero también nos muestra que los cambios son posibles —aunque a veces vengan acompañados de dilemas éticos complejos—.
El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de América Latina en cuestión de tres años, al menos en términos estadísticos. Pero el precio ha sido alto, y el debate sobre si la seguridad justifica las restricciones de libertad sigue más vivo que nunca.
En resumen
Durante años, El Salvador fue considerado el país más violento del mundo. Hoy, su situación ha cambiado drásticamente, pero las heridas aún están frescas, y las sombras de la represión despiertan preguntas difíciles. La violencia, como el poder, no se mide solo en números, sino también en las vidas que toca y en los valores que se sacrifican para combatirla.
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